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Staff / El Mañana
Entre micrófonos apagados, manipulación de operadores federales y un diseño legal para abrirle la puerta al fracking, las comunidades tének y náhuatl frenaron la farsa del Gobierno Federal en Ciudad Valles.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas montó en Ciudad Valles una puesta en escena para validar a vapor la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Sin embargo, la jornada derivó en un rotundo rechazo tras el silenciamiento a una representante de Aquismón y la división mediante mesas fragmentadas. El objetivo era redactar una norma que diluye la categoría de “territorio”, garantizando que los megaproyectos extractivos no encuentren trabas en la Huasteca.
Además, se exhibió la intromisión de operadores de la Secretaría de Bienestar. Frente a este atropello, el Consejero Nacional Tének, Rafael Reyes Martínez, junto a decenas de autoridades originarias, encararon al enviado del INPI, Iván Ramos Méndez, para descalificar el evento. Las comunidades se negaron rotundamente a prestarse a la simulación, exigieron el respeto a sus sistemas normativos y dejaron en claro que la autonomía de los pueblos no se subordina a la agenda del Gobierno Federal.
La firmeza de la protesta logró descarrilar el intento de imponer un acuerdo definitivo. Tras la presión, el INPI tuvo que reprogramar un Evento Técnico Consultivo Extraordinario para el 3 de octubre en Tancanhuitz, la sede que las comunidades habían exigido desde un principio para evitar la exclusión de más de 246 centros poblacionales.
El desenlace en Tancanhuitz pondrá a prueba si el Gobierno Federal está dispuesto a sostener una consulta legítima con traductores, transporte y plenarias reales o si insistirá en el despojo cínico.
