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Aunque alrededor de 40 docentes de San Luis Potosí permanecen bajo investigación por denuncias de presunta violencia sexual contra estudiantes, la principal preocupación expresada por la dirigencia de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue la defensa jurídica de los maestros señalados y el impacto que estas acusaciones tienen en su reputación.
El secretario general del sindicato, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, confirmó que los expedientes corresponden a denuncias por presuntos tocamientos, abuso sexual y otras conductas reportadas a través del Departamento de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Depai), casos que continúan sin una resolución definitiva.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el dirigente insistió en que muchos docentes son “crucificados” socialmente antes de que concluyan las investigaciones y cuestionó que las medidas cautelares, como la separación temporal del cargo, afecten su imagen pública.
Incluso, citó como ejemplo un expediente en el que un maestro fue denunciado, según dijo, únicamente por una presunta “mirada lasciva”, caso que utilizó para sostener que existen acusaciones que podrían carecer de sustento y que deben analizarse con pruebas antes de emitir un juicio.
El líder sindical reiteró que el SNTE brinda asesoría y representación legal a todos los trabajadores involucrados en este tipo de procedimientos y respaldó la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado para fortalecer la defensa jurídica de los docentes frente a denuncias que aún no han sido acreditadas.
Si bien reconoció que el sindicato no protege a quienes hayan cometido delitos, su discurso se concentró en advertir sobre las posibles denuncias infundadas y en señalar que algunos padres de familia también podrían formular acusaciones que posteriormente no se acrediten.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de niñas, niños y adolescentes dentro de los planteles educativos, donde las autoridades mantienen abiertas decenas de investigaciones para esclarecer si existieron conductas constitutivas de delitos sexuales. Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan a la espera de que los expedientes sean resueltos y, en su caso, se sancione a quienes resulten responsables.
