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Staff / El Mañana
Organizaciones civiles exigen al gobierno federal prohibir la extracción de gas no convencional en todo el país, advirtiendo sobre una inminente crisis hídrica en el corredor Tampico-Misantla y el noreste del territorio.
Tras el anuncio del Ejecutivo federal sobre la búsqueda de una “explotación sustentable” del gas no convencional, decenas de asociaciones ambientales alzaron la voz para frenar por completo esta práctica en el país. Las agrupaciones advirtieron que la estrategia gubernamental presenta un claro sesgo, ya que el comité de expertos se enfocó en cómo realizar esta actividad con un menor impacto percibido, en lugar de analizar su prohibición definitiva.
Los activistas rechazaron tajantemente que el veto a la fracturación hidráulica se limite únicamente al corredor Tampico-Misantla, una zona rica en biodiversidad ubicada entre Tamaulipas y Veracruz. Exigieron que la protección se extienda a nivel nacional, argumentando que las supuestas alternativas tecnológicas, como el uso de agua salobre o espumas biodegradables, no eliminan los riesgos estructurales de la extracción de hidrocarburos.
El impacto ambiental de esta técnica sería devastador, particularmente para los recursos hídricos. Según estimaciones recientes compartidas por el bloque de 30 organizaciones, intentar recuperar solo el 10 por ciento de los recursos de gas requeriría la perforación de más de 25 mil pozos, lo que consumiría casi 2 mil millones de metros cúbicos de agua dulce. Esto agravaría la situación en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde ya se vive una severa crisis por la falta del vital líquido.
Además del desabasto, los defensores del medio ambiente señalaron que el plan oficial no aclara el destino final de los residuos tóxicos. El riesgo de que estos desechos terminen en mantos acuíferos o cuerpos marinos es alto, y la inyección en pozos de desecho podría desencadenar fugas y actividad sísmica inducida, poniendo en peligro a las comunidades aledañas que, hasta el momento, no han sido consultadas.
Finalmente, las asociaciones civiles, entre las que destacan el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, recalcaron que al menos 6 millones de personas habitan en las zonas de impacto. Abordar el tema desde una perspectiva meramente técnica de ingeniería, ignorando los derechos humanos y el factor climático, resulta inaceptable para las comunidades del noreste de México.
Conclusiones preliminares del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional son:
1. La prioridad debe ser incorporar aceleradamente fuentes renovables de generación de energía eléctrica.
2. Implementar medidas y programas de eficiencia energética a nivel nacional.
3. Incrementar la producción nacional de gas natural convencional y eliminar la quema del gas asociado a la producción de petróleo.
4. Prohibir actividades de extracción de Gas Natural de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla.
5. Se recomienda la perforación de pozos para confirmar la existencia de agua salada en cuerpos de agua profundos y que no se encuentren conectados de ninguna forma con acuíferos someros.
6. Confirmar reservas de Gas Natural en yacimientos no convencionales por medio de la realización de estudios y perforación de pozos.
7. Implementar las mejores prácticas en materia de manejo de subproductos, de aprovechamiento menos dañino y acciones de protección ambiental.
8. Realizar consultas previas, libres e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad de producción.
9. Incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional.
10. Establecer un monitoreo científico externo e independiente que apoye en la verificación de la integridad de los acuíferos, el balance hídrico de las regiones productoras, la actividad sísmica, la protección de los ecosistemas y que brinde asesoramiento técnico permanente.
