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Staff / El Mañana
La entidad ha logrado incorporar a miles de migrantes al sector productivo formal mediante alianzas con la ONU y empresas locales.
El estado de San Luis Potosí ha consolidado un modelo de inclusión laboral y social para la población extranjera en situación de movilidad que busca establecerse en territorio mexicano. A través de esquemas de cooperación con organismos internacionales y dependencias federales de protección, la entidad registra un incremento constante en la colocación de migrantes en vacantes formales dentro de las distintas zonas industriales del territorio estatal.
Durante una reunión de evaluación con Chiara Cardoletti, representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona analizó las cifras alcanzadas en la entidad. Asimismo, en el encuentro se contó con la presencia del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, con quien se revisaron las estrategias para mantener la vinculación con el sector privado local e incrementar la capacidad de absorción de mano de obra en los comercios y plantas fabriles de la zona metropolitana.
Los datos presentados indican que el programa de integración en tierras potosinas ha alcanzado a más de 7 mil 200 personas con estatus de refugio. Este universo de beneficiarios ha encontrado alternativas de asentamiento permanente gracias a la participación activa de 253 empresas solidarias establecidas en la región, una cifra que representa casi el 40 por ciento de los establecimientos privados que colaboran con este tipo de iniciativas de inclusión a nivel nacional.
La estrategia no solo contempla el reclutamiento directo en líneas de producción o comercios, sino que asegura la incorporación con prestaciones de ley, registro ante el seguro social y remuneraciones competitivas. A la fecha, más de 4 mil personas han firmado contratos de trabajo formales, lo que ha permitido cubrir la demanda de personal que registran diversos sectores económicos debido al crecimiento industrial y comercial del estado.
Además del trabajo asalariado, las autoridades estatales operan la vertiente denominada “Refugiando proyectos de vida”. Este programa otorga acompañamiento técnico y microcréditos para la creación de pequeños negocios, contando con el respaldo técnico de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), instituciones de educación superior y cámaras empresariales. El objetivo es que las familias refugiadas generen sus propios ingresos y contribuyan a la economía local.
El esquema coordinado busca que las personas que huyen de situaciones de conflicto en sus países de origen encuentren en la entidad las herramientas necesarias para reconstruir su entorno familiar. La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno e instancias internacionales continuará vigente para ampliar la cobertura de servicios de salud, educación y vivienda para este sector de la población.
Las mesas de trabajo entre las autoridades estatales, municipales y la agencia de Naciones Unidas se mantendrán de forma periódica para monitorear el flujo de personas atendidas y asegurar que las empresas participantes sigan ofreciendo entornos laborales adecuados.
