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Agencia Reforma
Ciudad de México 21 septiembre 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar qué motivó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de Grupo SIMSA en San José Iturbide, Guanajuato, luego de las inconsistencias surgidas en torno al operativo.
La Mandataria remitió a la Fiscalía la explicación sobre la legalidad del hidrocarburo y las razones que llevaron a intervenir las instalaciones de Gas Natural del Noroeste.
“La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, afirmó.
El caso fue presentado inicialmente por autoridades como un decomiso de 59 millones de litros de presunto huachicol.
Sin embargo, REFORMA publicó el sábado que no se había acreditado la ilegalidad del combustible ni había personas detenidas por el aseguramiento.
La empresa sostuvo que la terminal opera desde hace nueve años con los permisos federales correspondientes y que no es propietaria del combustible almacenado, sino que presta ese servicio a empresas que deben acreditar ante ella la propiedad y procedencia legal de los productos.
Gas Natural del Noroeste aseguró además haber entregado a la FGR la documentación sobre su operación y la relación comercial con los usuarios de la terminal, y confió en que su revisión confirmará la legalidad tanto de las instalaciones como del combustible de sus clientes.
Tras las dudas generadas por el operativo, la Fiscal General Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la carpeta iniciada en Guanajuato.
La investigación revisa ahora documentación de las empresas involucradas, así como la trazabilidad fiscal y financiera del combustible.
El expediente se originó el 3 de julio con la detención del conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de combustible cuya trazabilidad no pudo acreditar, según la información difundida por la FGR.
Las indagatorias condujeron posteriormente a la terminal de San José Iturbide.
La Gobernadora de Guanajuato, Libia García, sostuvo este fin de semana que los permisos de operación de la terminal no bastan para demostrar la procedencia legal de los 59 millones de litros y señaló que corresponde a las empresas involucradas acreditar la trazabilidad del producto.
En medio de las versiones encontradas, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó ayer perfeccionar la política contra el huachicol y reforzar los mecanismos para seguir la trazabilidad del combustible.
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre si existieron irregularidades en la terminal y sostuvo que corresponde a la FGR aclarar el caso debido a su autonomía.
