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Agencia Reforma
Chilpancingo, México 21 septiembre 2026.- Habitantes de 14 comunidades de la Sierra de Guerrero exigieron al Gobierno de Evelyn Salgado Pineda que las fuerzas de seguridad pasen de mantener presencia en los pueblos a realizar detenciones contra integrantes de La Familia Michoacana, a la que atribuyen el control de la zona.
Los pobladores señalaron que aunque el Ejército y la Guardia Nacional permanecen en algunas comunidades, persiste el miedo de salir a trabajar, acudir a sus parcelas e incluso denunciar ataques, debido a que los integrantes del grupo criminal tienen identificados a los habitantes y mantienen presencia en municipios de la región.
“Tenemos a los militares y Guardia Nacional en el pueblo, pero lo que queremos es que realicen acciones contundentes deteniendo a los delincuentes”, afirmó Laura “N”, autoridad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso.
El reclamo surgió durante una asamblea realizada este domingo en la comunidad de La Ola, en lo alto de la Sierra, a la que acudieron alrededor de 2 mil habitantes y autoridades de 14 comunidades de Petatlán, Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán.
Los pobladores advirtieron que, si el Gobierno estatal no actúa contra La Familia Michoacana, realizarán movilizaciones de protesta.
Laura relató que el pasado 26 de agosto habitantes de Los Bayados fueron atacados con disparos de arma de fuego y drones con explosivos. Ninguna persona resultó herida.
Desde entonces, elementos del Ejército y la Guardia Nacional permanecen en la comunidad, lo que evitó que los habitantes volvieran a desplazarse, como ocurrió en 2023 tras otro ataque.
Sin embargo, la presencia de las fuerzas federales no ha disipado el temor. Los pobladores evitan acudir a sus huertas y parcelas por miedo a ser atacados en el camino.
Además, el ataque del 26 de agosto ni siquiera ha sido denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado.
Laura explicó que habitantes de Los Bayados acudieron al Ministerio Público de Tecpan de Galeana y posteriormente a uno en Acapulco, pero les indicaron que debían acudir a Coyuca de Catalán, municipio donde ocurrieron los hechos.
Los pobladores se niegan a trasladarse hasta ese lugar porque, aseguran, está controlado por La Familia Michoacana y los integrantes del grupo criminal ya los tienen identificados.
“Nosotros no podemos ir a Coyuca de Catalán porque esa zona está controlada por la Familia Michoacana y nos tienen identificados”, señaló.
La violencia también ha afectado los servicios básicos de las comunidades. Los habitantes denunciaron que escuelas y centros de salud permanecen cerrados porque maestros y personal médico se niegan a subir por temor a la inseguridad.
En Los Bayados, los estudiantes toman clases en línea desde 2023, luego de que los profesores dejaron de acudir a la comunidad.
En Los Puertos, un centro de salud permanece cerrado por falta de personal médico y medicamentos.
Laura recordó que en 2023, después de un ataque atribuido a La Familia Michoacana, los 260 habitantes de Los Bayados abandonaron temporalmente la comunidad luego de recibir la amenaza de que serían sacados por la fuerza si no se iban.
Regresaron tres meses después bajo resguardo del Ejército y la Guardia Nacional, pero los militares permanecieron solamente cuatro meses y posteriormente se retiraron.
Durante la asamblea, los pobladores también solicitaron la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para documentar la situación que enfrentan en la Sierra.
Tras la reunión, el Subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, se comunicó con los comisarios y les informó que esta semana buscará reunirse con ellos.
