SLP.- En San Luis Potosí el tema de la Alerta de Violencia de Género volvió a prender la conversación pública… pero ahora no por los resultados, sino por el dinero que se movió alrededor del mecanismo.
Mientras desde la Federación ya se analiza retirar este esquema por considerarlo obsoleto y poco efectivo, en el estado comenzaron a salir a la luz cuestionamientos sobre cómo se usaron recursos públicos destinados a combatir la violencia contra las mujeres.
Y es que, según señalamientos recientes, más de 5 millones de pesos durante 2025 habrían sido canalizados a proyectos impulsados por colectivos feministas. El problema, dicen críticos del modelo, es que la transparencia sobre el uso de ese dinero ha sido mínima.
En el centro de la discusión aparece el nombre de Urenda Navarro Sánchez, actual abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien también ha tenido participación cercana con diversas colectivas dedicadas a temas de género.
De acuerdo con los señalamientos, Navarro habría participado como asesora de organizaciones que reciben recursos vinculados a la propia Alerta de Violencia de Género, lo que para algunos sectores representa una especie de “doble rol” entre activismo, asesoría y administración institucional de recursos.
El tema no es menor. La diputada local de Morena, Gabriela López Torres, reconoció que el mecanismo de la alerta requiere una revisión profunda, al señalar que el sistema actual necesita actualizarse para que realmente impacte en la reducción de la violencia contra las mujeres.
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