- Conflictos legales, violencia, exclusión estudiantil, disputas políticas internas y dispendio financiero marcaron a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este año.
Staff/EL MAÑANA
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí acumuló durante el año una serie de escándalos que evidencian fallas estructurales profundas. El conflicto legal por los terrenos de Santa Fe con VEMSA es el ejemplo más claro al ser un proyecto mal planteado, sin transparencia y con consecuencias jurídicas que hoy colocan a la universidad frente a posibles reclamaciones millonarias y la pérdida de su patrimonio, mientras las autoridades universitarias evitan asumir responsabilidades públicas.
En el ámbito académico, el proceso de admisión volvió a ser un foco de inconformidad. Más de 10 mil aspirantes quedaron fuera, confirmando que la UASLP no tiene capacidad ni voluntad para ampliar su cobertura, pese a ser una institución pública. El discurso de excelencia contrasta con una realidad excluyente que deja a miles de jóvenes sin opciones, sin que exista una estrategia clara para atender esta demanda social.
La falta de cuidado hacia su comunidad quedó brutalmente expuesta con el asesinato del alumno de Estomatología Jorge Dávila, ocurrido cuando fue víctima de un asalto en las inmediaciones de la zona universitaria. El caso evidenció la ausencia de acciones preventivas, vigilancia y coordinación en áreas donde diariamente transitan estudiantes, reforzando la percepción de abandono institucional, mientras la institución gasta millones de pesos en contratos que benefician a un allegado del actual secretario general, Federico Garza Herrera, en otro hecho de corrupción.
La crisis se profundizó en la Facultad de Derecho tras la agresión sexual contra una alumna en pleno plantel por parte de tres estudiantes, un hecho que detonó protestas y paros durante semanas. El escándalo derivó en la renuncia del director de la facultad y abrió un proceso de elección marcado por acusaciones de imposiciones y falta de piso parejo. Uno de los aspirantes incluso promovió un amparo, al señalar discriminación, intentos de intervención política y vínculos de actores universitarios con partidos como Movimiento Ciudadano y Morena, lo que agravó la percepción de que la autonomía universitaria estaba siendo vulnerada desde dentro.
Mientras todo esto ocurría, la UASLP protagonizó un episodio que rozó el ridículo institucional. El rector manejó con dramatismo una supuesta deuda del Gobierno del Estado que después se aclaró no existía, pues se trataba únicamente de una exigencia de recursos adicionales. El discurso victimista se derrumbó frente a una realidad incómoda: la universidad sí tiene recursos, pero los destina a sueldos superiores a los 100 mil pesos, pensiones doradas y beneficios para un círculo cercano, mientras estudiantes y docentes enfrentan inseguridad, exclusión y precariedad. La suma de estos hechos deja a la UASLP como una universidad que ha fallado desde dentro.
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