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- Denuncian intervención policial sin sospecha razonable; recuerdan que la ley obliga a identificarse y a justificar cada revisión.
Staff / El Mañana
A través de redes sociales, un ciudadano de la capital potosina denunció haber sido víctima de una presunta revisión arbitraria por parte de elementos de la “policía” municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí, corporación que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos. El hecho ocurrió el sábado 10 de enero en la colonia Los Reyes, cuando dos oficiales de la unidad 6520 interceptaron al denunciante mientras se trasladaba en bicicleta hacia su domicilio, sin que existiera —según su testimonio— causa legal ni sospecha razonable.
De acuerdo con la denuncia, los agentes solicitaron datos personales, cuestionaron su destino y revisaron sus pertenencias —una mochila con comida y una bolsa de café— bajo el argumento de un supuesto “reporte previo” del que nunca ofrecieron prueba. Al no encontrar ningún objeto que justificara la intervención, los elementos habrían intentado amedrentar al ciudadano al advertirle que ellos también contaban con cámara, insinuando consecuencias por documentar el acto.
El afectado confrontó el discurso oficial del “San Luis Amable” y calificó lo ocurrido como una práctica que viola derechos fundamentales. Recordó que el artículo 16 constitucional es tajante: ninguna persona puede ser molestada en su persona o posesiones sin mandato fundado y motivado; no existe la “revisión de rutina” ni la inspección por simple criterio del agente.
Desde un enfoque ciudadano y preventivo, especialistas en derechos humanos subrayan que cualquier intervención policial debe cumplir tres requisitos mínimos: causa objetiva (sospecha razonable), identificación plena del agente (nombre, cargo, adscripción y número de unidad) y explicación clara del motivo legal de la revisión. Si la autoridad no se identifica, no explica la causa y no acredita una conducta ilícita, la intervención es ilegal. Conocer y exigir estos puntos no es confrontar: es protegerse de detenciones arbitrarias.
El mensaje es directo para la ciudadanía: pida identificación, exija fundamento legal y documente. La seguridad no puede convertirse en pretexto para hostigar a personas que no han cometido delito alguno. Cuando la policía actúa sin causa, deja de prevenir y empieza a vulnerar derechos.
El ciudadano informó que documentó el hecho para protegerse. La exigencia es simple: que la corporación respete la Constitución y que ningún potosino vuelva a ser detenido o revisado “porque sí”.
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