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Staff / El Mañana
La autoridad ambiental evalúa posibles sanciones contra el confinamiento de residuos de Tancanhuitz tras un reciente incendio y el persistente incumplimiento de las normativas de sanidad.
Tras el reciente incendio que encendió las alarmas ambientales en la región Huasteca, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) ha desplegado una nueva fase de inspecciones en el tiradero intermunicipal ubicado en Tancanhuitz. El objetivo de estas diligencias es documentar las condiciones actuales del predio y determinar si existen los elementos legales suficientes para iniciar un procedimiento administrativo o penal contra los responsables de la operatividad del recinto.
El conflicto ambiental en esta zona no es nuevo. Personal técnico de la dependencia estatal realizó un recorrido exhaustivo para corroborar si persisten las irregularidades operativas que ya habían sido señaladas en el pasado. Al respecto, la titular de la SEGAM, Sonia Mendoza Díaz, advirtió que el espacio opera bajo un esquema de cobro por la recepción de desechos, lo que obliga a los administradores a reinvertir esos recursos en infraestructura que garantice un manejo ecológico responsable, situación que actualmente está en duda.
El impacto de este confinamiento es de escala regional, ya que diariamente recibe toneladas de basura provenientes de seis localidades huastecas: Tancanhuitz, Xilitla, Aquismón, Axtla de Terrazas, Matlapa y Huehuetlán. De acuerdo con las normativas vigentes, un espacio de esta magnitud requiere forzosamente sistemas de control de gases (pozos de venteo), canalización para el tratamiento de lixiviados (líquidos tóxicos que desprenden los desechos) y medidas estrictas para mitigar los malos olores que afectan a las comunidades aledañas.
Los antecedentes del basurero no le favorecen. Según los registros de las autoridades de ecología, el recinto ya había incumplido previamente con los plazos otorgados para ejecutar trabajos de remediación del suelo. Esta nueva inspección servirá como parámetro definitivo para saber si las observaciones pasadas fueron ignoradas por completo, lo que agravaría la situación legal de los operadores tras el siniestro reciente.
Aunque el cierre definitivo del predio está sobre la mesa como una medida drástica, las autoridades se enfrentan a un dilema operativo. Una clausura inmediata dejaría a seis municipios sin un lugar destinado para depositar su basura, lo que desencadenaría una crisis de recolección y un problema de salud pública aún mayor en las calles de la Huasteca. Por ahora, se espera el dictamen final de la SEGAM para conocer el futuro de este espacio y las multas correspondientes.
