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San Luis Potosí, S.L.P., – El Congreso del Estado de San Luis Potosí decidió meter orden en casa ajena. Con reformas a la Ley de Desarrollo Social, ahora los municipios estarán obligados a presupuestar fondos para desastres naturales y a actualizar sus diagnósticos de pobreza con datos oficiales, no con ocurrencias.
La reforma, impulsada por la diputada Dolores Robles Chairez, busca profesionalizar la gestión municipal y acabar con la planeación “al tanteo”. A partir de ahora, los ayuntamientos deberán usar información del INEGI para diseñar políticas públicas que realmente atiendan el rezago social y la falta de servicios básicos en cada municipio.
Uno de los puntos que más ruido hizo fue la obligación de incluir una partida específica en el presupuesto de egresos para atender daños por fenómenos naturales. ¿Traducción? Que ya no podrán decir “no hay dinero” cuando llegue una inundación, un incendio o cualquier contingencia. La idea es que exista un fondo de respuesta inmediata para apoyar a la población y reparar infraestructura sin retrasos.
Además, la reforma también empuja a los municipios a abrir la puerta a la participación ciudadana. Ya no bastará con decidir todo desde el escritorio: la sociedad deberá participar en la elaboración y evaluación de los programas sociales, vigilando que el dinero público sí llegue a quienes más lo necesitan.
