– La remoción del Concejo Municipal de Villa de Pozos es una advertencia por parte de la JUCOPO, de que cualquier conducta impropia de servidores públicos tendrá consecuencias.
Staff / El Mañana
La remoción de los integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos no fue un hecho aislado ni improvisado, sino una decisión que, según el Congreso del Estado, responde a la obligación legal y moral de vigilar la conducta de los servidores públicos designados por el Poder Legislativo. Así lo afirmaron las y los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), al fijar postura sobre un caso que ha colocado nuevamente a Villa de Pozos en el centro del debate político.
En conferencia de prensa, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la medida no constituye un enjuiciamiento, sino una acción institucional para garantizar que quienes ejercen cargos públicos lo hagan con probidad, objetividad y apego a la legalidad. Subrayaron que el Congreso no solo tiene la facultad de nombrar, sino también de remover cuando se detectan conductas que se alejan de los principios que motivaron dichas designaciones.
El diputado Héctor Serrano Cortés señaló que la integración del Concejo Municipal se realizó con la expectativa de un desempeño responsable y transparente, y dejó claro que cualquier conducta inapropiada derivará en consecuencias similares. “Este tipo de ejercicios buscan preservar los equilibrios institucionales y fortalecer la rendición de cuentas”, expresó.
Las y los integrantes de la JUCOPO insistieron en que sus decisiones se sustentan tanto en el marco jurídico como en una responsabilidad ética inherente al cargo, y adelantaron que el Congreso mantendrá una postura firme frente a cualquier desviación en el ejercicio del poder público. El mensaje, afirmaron, es claro: la confianza otorgada desde el Legislativo no es indefinida ni automática.
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