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- La explicación de la SSPC sobre los reductores de Chapultepec terminó exhibiendo años de falta de vigilancia y abrió cuestionamientos sobre la actuación del Ayuntamiento.
La defensa emprendida por Jesús Villa, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, sobre la instalación de reductores de velocidad en avenida Chapultepec terminó trasladando el debate más allá de los llamados “lomos de toro”. En su intento por justificar la obra, el funcionario reconoció que en esa vialidad se han detectado vehículos circulando hasta a 140 kilómetros por hora y un aforo diario cercano a 40 mil automóviles, cifras que, lejos de fortalecer el argumento oficial, colocan bajo la lupa el desempeño de la propia autoridad encargada de vigilar esa zona.
Si durante años una de las principales avenidas de la ciudad permitió velocidades propias de una carretera, la pregunta inevitable es qué acciones de supervisión, prevención y control aplicó la corporación antes de recurrir a la instalación de obstáculos físicos como solución.
Villa atribuyó la alta incidencia de accidentes a la combinación del exceso de velocidad y una deficiente cultura vial, especialmente en puntos como Himalaya y el acceso al parque Tangamanga I. Sin embargo, ese diagnóstico también evidencia que el problema se desarrolló durante años sin que existiera una estrategia capaz de contenerlo.
Aunque el funcionario aseguró que la intervención está respaldada por estudios de Ingeniería Vial, la obra continúa acumulando observaciones de especialistas, comerciantes y colectivos ciudadanos, quienes han señalado deficiencias en señalización, accesibilidad para personas con discapacidad y posibles afectaciones a la movilidad en uno de los corredores más transitados de la capital.
A ello se sumó un tropiezo institucional cuando, durante una transmisión oficial destinada a explicar la intervención, el propio Ayuntamiento identificó erróneamente el recorrido como avenida Salvador Nava y no Chapultepec, un desliz que debilitó el discurso técnico con el que la autoridad pretende sostener la intervención.
Más que cerrar la polémica, la explicación de la SSPC terminó reforzando una inquietud de fondo, si Chapultepec llegó a operar con velocidades de hasta 140 kilómetros por hora y una elevada siniestralidad, el verdadero problema no comenzó con los reductores, sino con años de vigilancia insuficiente. Los topes pueden obligar a disminuir la velocidad, pero difícilmente sustituyen una política integral de movilidad, señalización adecuada y una autoridad que actúe antes de que el riesgo se convierta en costumbre.
