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Staff / El Mañana
Madre y padrastro de una menor fueron vinculados a proceso en San Luis Potosí tras ser capturados en Jalisco por agresiones.
La justicia alcanzó a los presuntos responsables de violentar a una niña en territorio potosino. Tras una serie de indagatorias ministeriales y un operativo de localización fuera del estado, la Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara auto de formal procesamiento en contra de quienes debían velar por la seguridad de la víctima.
El caso conmocionó a la opinión pública al revelarse la gravedad de las agresiones cometidas contra la menor. Ante el riesgo de sustracción de la justicia, las alertas se encendieron y las corporaciones comenzaron un seguimiento puntual para dar con el paradero de los señalados, quienes habían abandonado la entidad tras los hechos denunciados.
Las labores de inteligencia y colaboración interestatal permitieron ubicar a la pareja, identificada como Raquel “N” y Raúl “N”, madre y padrastro de la afectada, refugiados en el municipio turísticos de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Con apoyo de las autoridades de aquella entidad, se ejecutaron los mandamientos judiciales pendientes.
Una vez asegurados en suelo jalisciense, los imputados fueron trasladados bajo fuerte dispositivo de seguridad de regreso a San Luis Potosí, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que reclamaba su presencia para iniciar con el desahogo de las etapas procesales correspondientes.
Durante la audiencia inicial celebrada en las últimas horas, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, los cuales resultaron suficientes para convencer al juzgador de dictar el auto de vinculación a proceso por los delitos imputados.
Como medida cautelar prioritaria para salvaguardar la integridad social y evitar riesgos procesales, el juez de control dictaminó la prisión preventiva justificada, ordenando su reclusión en un centro penitenciario mientras transcurren las diligencias complementarias fijadas por el tribunal.
Finalmente, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la defensa como la fiscalía podrán aportar nuevas pruebas para definir la situación jurídica definitiva de ambos imputados.
