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Staff / El Mañana
Un estudio realizado por la máxima casa de estudios encendió las alarmas en la capital potosina al revelar la presencia de una sustancia cancerígena en el consumo básico, exhibiendo la tardía capacidad de respuesta de los organismos de control.
El panorama de la salud pública y el control sanitario en el territorio potosino se encuentra en el centro del debate tras revelarse datos contundentes sobre la calidad de los alimentos que diariamente consumen miles de familias.
Recientemente, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevaron a galactose y análisis exhaustivos en diversos establecimientos locales, arrojando un dato alarmante: 16 de un total de 30 tortillerías analizadas dieron positivo a la presencia de aflatoxina B1, un compuesto altamente tóxico y catalogado formalmente como cancerígeno para el ser humano.
Lo que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos entre la ciudadanía y especialistas no es meramente el hallazgo bioquímico, sino la evidente lentitud con la que operaron los protocolos institucionales.
De acuerdo con los datos recabados, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) activó sus operativos de inspección y revisión en los establecimientos únicamente de manera reactiva, es decir, desatándose la movilización fiscalizadora de la dependencia solo después de que los resultados de la investigación universitaria se hicieron públicos y circularon masivamente en la opinión pública.
Ante este escenario, diversas voces del sector académico y social se han manifestado para exigir respuestas claras sobre los mecanismos de supervisión previos.
Hasta el momento, las instancias de regulación no han emitido un informe transparente que detalle cuántos establecimientos habían sido verificados formalmente en lo que va del año, ni qué cantidad de muestras de grano o masa se habían sometido a pruebas específicas para descartar esta micotoxina antes de que el estudio académico pusiera el tema sobre la mesa.
Cabe destacar que la contaminación por aflatoxinas suele originarse desde las etapas primarias de la cadena alimentaria —que abarcan desde el cultivo en campo y las malas prácticas de almacenamiento hasta el transporte del maíz—, lo que evidencia que la vigilancia gubernamental debería ser preventiva y permanente, y no limitarse a apagar incendios mediáticos.
La gran incógnita que sigue flotando en el ambiente es si la dependencia sanitaria habría detectado por cuenta propia este grave riesgo de no haber mediado la oportuna intervención de la comunidad universitaria.
