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Staff / El Mañana
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado halló irregularidades por más de 3 millones de pesos en la tesorería municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
Una severa revisión a las finanzas públicas municipales encendió las alarmas en la región Huasteca, luego de que los informes de auditoría del ejercicio fiscal 2025 revelaran inconsistencias millonarias sin justificar en las arcas del Ayuntamiento de El Naranjo. El órgano fiscalizador detectó que diversos egresos gestionados durante el periodo contable anterior carecen de la documentación comprobatoria necesaria para certificar el destino legal de los recursos, dejando bajo la lupa el manejo del presupuesto público destinado al desarrollo del municipio.
Los informes elaborados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) precisan que la administración encabezada por el presidente municipal Rafael Olvera Torres arrastra observaciones que ascienden exactamente a 3 millones 145 mil 232 pesos con 19 centavos. El saldo insoluto corresponde a erogaciones realizadas directamente desde la Tesorería Municipal, sobre las cuales no se presentaron las facturas, contratos o comprobantes de gasto requeridos por la legislación vigente durante el proceso de fiscalización ordinario.
El informe sobre El Naranjo forma parte de un paquete de auditorías aplicadas a diversos municipios de la zona Huasteca y la Región Media de San Luis Potosí, en donde se documentaron montos sin comprobar en varios ayuntamientos. En el desglose estatal de la Región Media destacan casos como el del municipio de Cerritos, gobernado por la alcaldesa Ruth Liliana Castillo Montelongo, que encabeza la lista de inconsistencias con un total de 10 millones 122 mil 963 pesos no aclarados.
Dentro de esa misma franja geográfica, la fiscalización estatal emitió observaciones al Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, bajo el mando de Luis Carlos Pereyra Govea, por 2 millones 640 mil pesos. Le siguen Ciudad del Maíz, administrado por Rosa Angélica Martínez Linares, con un faltante de 2 millones 080 mil pesos; Villa Juárez, con la alcaldesa Lisa Abigail Izaguirre Rico, por un millón 940 mil pesos; y Ciudad Fernández, encabezado por Rodolfo Hernández Loredo, con un importe de un millón 220 mil pesos sin justificar.
Tras la notificación formal de los pliegos de observaciones, la legislación en materia de fiscalización otorga a todos los alcaldes y tesoreros señalados un plazo límite que vence durante los primeros días del mes de diciembre. En este periodo, las administraciones locales deberán aportar las pruebas documentales y los recibos faltantes ante el IFSE; de lo contrario, los expedientes pasarán a instancias de sanción administrativa e investigaciones de carácter penal contra quienes resulten responsables del posible daño patrimonial.
