🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
Un indignante caso de abuso infantil sacude a una familia en el municipio de Rayón, luego de que un adulto mayor fuera formalmente denunciado ante la fiscalía por ultrajar a su propia nieta.
La tranquilidad y los valores que deben imperar en el núcleo familiar se vieron brutalmente quebrantados en el municipio de Rayón, San Luis Potosí, tras destaparse uno de los casos más viles y lamentables de los últimos tiempos.
Las investigaciones ministeriales se pusieron en marcha de manera urgente luego de que se presentara una formal querella ante las instancias de procuración de justicia, señalando directamente a un adulto mayor como el presunto responsable de atentar contra la integridad y la libertad sexual de una menor de edad, quien lamentablemente resulta ser su propia nieta.
De acuerdo con los primeros datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos comenzaron a fraguarse tiempo después de que la pequeña víctima, cuya identidad ha sido reservada estrictamente por las autoridades para proteger su derecho superior a la intimidad, fuera enviada a vivir temporalmente al domicilio de sus abuelos bajo la premisa de encontrar un entorno seguro.
Sin embargo, lo que parecía ser una convivencia familiar cotidiana se convirtió en una auténtica pesadilla cuando el imputado, identificado extraoficialmente en los expedientes como Jorge G., comenzó a vulnerar sistemáticamente la confianza de la niña.
Según se desprende de las indagatorias, el sujeto aprovechaba los momentos a solas para someterla a tocamientos impúdicos, obligándola a sentarse en sus piernas y agrediéndola con actos de naturaleza sexual que vulneraron por completo su infancia.
Lejos de mantenerse en silencio por el miedo o la manipulación ejercida por su agresor, la menor encontró el valor para romper el pacto de impunidad y relatar con crudeza lo sucedido a su madre.
Al tener conocimiento de esta atrocidad, la progenitora acudió de inmediato a interponer la denuncia penal correspondiente, detonando la movilización de los cuerpos periciales y de los agentes investigadores.
Actualmente, la fiscalía estatal concentra sus esfuerzos en recabar los dictámenes psicológicos y médicos necesarios para robustecer la indagatoria y solicitar ante los tribunales las ordenes judiciales pertinentes, buscando que este reprochable acto de violencia intrafamiliar no quede en la impunecidad y se haga justicia conforme a la ley.
