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Staff / El Mañana
Las personas adultas que padecieron agresiones sexuales durante su infancia mantienen el derecho legal de acudir ante las instancias ministeriales para presentar cargos, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.
El acceso a la procuración de justicia en territorio potosino contempla protecciones especiales para quienes sufrieron delitos de índole sexual durante sus primeros años de vida, abriendo cauces legales que rompen con los plazos tradicionales de prescripción.
Especialistas en materia legal y de derechos humanos recalcan que las secuelas psicológicas y emocionales de este tipo de vejaciones suelen inhibir la denuncia inmediata, provocando que las víctimas procesen y verbalicen el trauma ya en su etapa adulta.
Ante este panorama, las fiscalías estatales están obligadas a recibir las querellas y brindar acompañamiento integral a los sobrevivientes, garantizando que los agravios cometidos en el pasado no queden en la impunidad bajo pretextos temporales.
Las instancias de protección a la infancia y los centros de atención especializada recuerdan que el proceso de sanación personal puede tardar años, por lo que el sistema judicial cuenta con mecanismos para investigar denuncias extemporáneas sustentadas en testimonios y peritajes.
Organizaciones civiles enfatizan que romper el silencio representa un paso fundamental para la reconstrucción emocional de los afectados, además de constituir un freno definitivo contra agresores que continúan aprovechándose de la vulnerabilidad infantil.
Las autoridades ministeriales exhortan a la población mayor de edad que guarde este tipo de antecedentes a acudir a las unidades especializadas, donde recibirán asesoría jurídica confidencial y contención psicológica gratuita para iniciar el proceso penal correspondiente.
