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Staff / El Mañana
Familiares y activistas irrumpieron en una sesión de Cabildo en Cerritos para exigir justicia por el caso de Liz; la autoridad local denunció agresiones y se deslindó del proceso judicial.
El municipio de Cerritos se convirtió en el escenario de un fuerte conflicto político y social la tarde de este jueves, luego de que un grupo de ciudadanos, activistas sociales y familiares de una joven fallecida identificada como Liz irrumpieran de manera intempestiva en la sala de Cabildo para exigir respuestas claras a las autoridades sobre el avance de las investigaciones.
La protesta escaló rápidamente de nivel cuando los manifestantes encararon a los integrantes del cuerpo edilicio, lo que obligó a la suspensión inmediata de la sesión oficial ante la falta de condiciones de seguridad y orden. La situación dejó al descubierto la profunda inconformidad que prevalece en sectores de la población respecto a la actuación institucional frente a este trágicos sucesos.
Tras los hechos, la titular de la presidencia municipal ofreció un posicionamiento público para fijar la postura oficial del ayuntamiento. En su declaración, enfatizó que respeta el derecho legítimo de la ciudadanía a manifestarse y buscar justicia; sin embargo, aclaró enfáticamente que el gobierno local no cuenta con atribuciones legales para fungir como fiscalía, juzgado o instancia investigadora.
La munícipe recordó que el expediente correspondiente al caso se encuentra formalmente turnado ante las autoridades judiciales con sede en Rioverde desde el pasado 15 de agosto, sitio donde un juez penal deberá determinar con base en pruebas científicas y jurídicas las responsabilidades que correspondan. “La justicia no la imparte la Presidencia Municipal, ni una plaza pública, ni una protesta”, externó durante su mensaje.
Sin embargo, gran parte del pronunciamiento estuvo enfocado en reprobar la forma en que se desarrolló la irrupción. La funcionaria señaló directamente que el grupo de manifestantes fue ingresado al recinto bajo la tutela de una activista y con la presencia de dos regidores de extracción panista. Aseguró que durante el altercado se registraron expresiones de violencia verbal y que, al intentar retirarse del lugar, fue blanco de empujones, amenazas y obstrucción física a su libertad de tránsito.
Ante esta situación, la administración local anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes para que se investiguen los presuntos delitos cometidos durante la gresca, responsabilizando a los organizadores de cualquier atentado contra su integridad física, la de su familia o la de sus colaboradores cercanos. Asimismo, hizo un llamado a la cordura digital para evitar publicaciones que aviven la polarización social.
Mientras tanto, los colectivos y familiares de Liz reiteraron que su único objetivo es que el caso no quede en la impunidad, exigiendo que el debate político no opaque el fondo de su exigencia: verdad y justicia para la joven.
