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Staff / El Mañana
Habitantes de la cordillera tének en Ciudad Valles denuncian sobrecupo, cobros arbitrarios y choferes ebrios; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advierte con retirar concesiones tras reclamos comunitarios.
Una profunda crisis en el servicio de transporte público urbano y rural desató la indignación de las familias que residen en la comunidad de La Lima, ubicada en la cordillera tének de Ciudad Valles. Los usuarios de esta franja indígena alzaron la voz para denunciar una serie de irregularidades sistemáticas cometidas por los operadores de las rutas locales, que van desde cobros excesivos por el traslado de mercancías y equipaje hasta la conducción a exceso de velocidad y presuntos casos de choferes que manejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas, poniendo en riesgo latente la vida de los pasajeros.
A las anomalías en la conducción y las tarifas impuestas de manera arbitraria se suma el grave problema de la falta de capacidad en los vehículos. Diariamente, decenas de pobladores, entre ellos estudiantes, adultos mayores y trabajadores, se quedan varados en los paraderos debido a que las unidades provienen saturadas desde poblados vecinos y resulta imposible abordarlas. Esta saturación constante provoca retrasos acumulados en los traslados hacia la zona urbana y limita el libre libre tránsito de las familias que dependen exclusivamente de este medio para realizar sus actividades comerciales y médicas.
La inconformidad social escaló luego de que los habitantes esperaran en vano una reunión previa convocada en fin de semana con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la cual los funcionarios no se presentaron, lo que generó malestar e impotencia entre los pobladores. Asimismo, los vecinos criticaron que los anuncios de mantenimiento vial en el camino de acceso a La Lima se han limitado a la simple limpieza de cunetas y canales de desagüe, sin que hasta el momento se inicien las obras de pavimentación y bacheo prometidas para mejorar el rodamiento de las unidades.
Tras la presión comunitaria, la SCT intervino para levantar minutas de trabajo y recabar las quejas directas de la población afectada. La dependencia estatal reconoció las deficiencias del servicio y anunció que se instalará una base operativa permanente dentro de la comunidad, además de conformar un comité de movilidad comunitaria que supervisará las rutas, asignará transportistas fijos y regulará los horarios de salida según la demanda real. Paralelamente, se planteó la posibilidad de coordinar estos trayectos con el sistema RedMetro para conectar de forma gratuita a la zona indígena con los principales puntos urbanos del municipio.
En el aspecto regulatorio, las autoridades estatales advirtieron a las empresas y permisionarios que no se tolerarán más abusos en perjuicio de la población tének. Se estableció que los choferes que incumplan con el reglamento o incurran en maltrato hacia los usuarios —como negar el abordaje a adultos mayores con pertenencias o alterar las tarifas fijadas por distancia— recibirán sanciones económicas que oscilan entre 100 y 500 UMAS. La dependencia subrayó que, de reincidir en las faltas o mantener un mal servicio, se iniciarán los procedimientos legales para la suspensión de licencias y la cancelación definitiva de las concesiones en esta ruta.
